jueves, 15 de noviembre de 2007

El coste de producción de biodiesel es el principal problema.

Por ahora, el biodiesel no puede competir en precio con el diesel convencional. Sus costes de producción ascienden al doble de los de la gasolina y el gasoil, y eso sin añadir los impuestos. En cuanto a fiscalidad (Directiva 2003/30/CE), el biodiesel está exento del Impuesto de Hidrocarburos, pero su comercialización sí está sometida al Impuesto de Ventas Minoristas de Hidrocarburos (IVMH). No obstante, este inconveniente irá reduciéndose con el tiempo. La tecnología procesadora mejora y se abarata. Hoy, en España, una planta extractora de biocombustible a partir de girasol vale cerca de 2.000 millones de pesetas. Pero se calcula que dentro de diez años costará un 30% menos.

La materia prima también ayuda: los precios de las semillas de girasol, colza y soja bajan cada vez más. Y, comparativamente, los precios del gasoil no hacen más que subir. La competencia se difumina, pero hasta entonces, y salvo contadísimas excepciones, el precio del biodiesel en las gasolineras es el mismo que el del diesel tradicional. Así las cosas, el litro de biodiesel en Navarra oscila entre 0'845 y 0'909 euros, mientras que en Barcelona puede llegar a costar hasta 0'949 euros. En Madrid, el litro de biodiesel no baja de 0'928 euros y puede llegar a cotizarse a 0'932 euros. En las gasolineras valencianas los precios por litro oscilan entre 0'903 y 0'926 euros, y en algunas vizcaínas y sevillanas se puede encontrar desde 0'879 euros.

El aceite de fritura usado es una de las alternativas con mejores perspectivas en la producción de biodiesel. Es la materia prima más barata y con su utilización se evitan los costes de tratamiento como residuo. La producción de los aceites usados en España se sitúa en torno a las 750.000 toneladas/año, según cifras de 2004. El informe sobre el marco regulatorio de los carburantes propone reciclar aceite de fritura en biodiesel. Sin embargo, su recogida es problemática, a pesar de que la Ley 10/98 de Residuos establece la prohibición de verter aceites usados. La Comisión Europea propone que el Ministerio de Medio Ambiente y los ayuntamientos creen un sistema de recogida de aceite frito, oleinas y grasas en tres etapas: industrial, hostelería y doméstica.

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